Mladenov condena la presión de Hamás sobre los comerciantes de Gaza

El enviado para Gaza Nickolay Mladenov condenó el 15 de octubre de 2026 la intimidación de Hamás a los comerciantes y pidió proteger las cadenas de suministro civiles. Su intervención siguió a una suspensión de las entregas comerciales cuyo origen disputan Israel y el sindicato de transportistas de Gaza.
La controversia inmediata gira en torno a los pagos exigidos a los importadores y a quién dejó de coordinar sus camiones. El organismo israelí de Coordinación de las Actividades del Gobierno en los Territorios, COGAT, afirmó que los comerciantes se habían retirado debido a las amenazas y los impuestos de Hamás. El sindicato de transportistas privados de Gaza cuestionó esa versión.
Una exigencia de poner fin a la intimidación
Mladenov, alto representante de la Junta de Paz para Gaza, afirmó que la presión sobre los comerciantes y las injerencias en los suministros agravaban el sufrimiento de la población civil. The Times of Israel recogió su declaración en X, incluido su llamamiento a poner fin de inmediato a esas prácticas.
Vinculó la controversia con la transición más amplia prevista en el plan de paz para Gaza: administración civil, apoyo internacional en materia de seguridad y retirada de las armas. Su declaración exigía la aplicación de esas medidas, sin anunciar que tales mecanismos hubieran entrado en funcionamiento.
El mecanismo de pago en disputa
COGAT describió un cobro obligatorio de aproximadamente 10.000 séqueles por camión. Las informaciones israelíes sobre una carta de su coordinador, el general de división Yoram Halevy, señalaron que los comerciantes recibían amenazas si se negaban a pagar.
AP recogió una versión distinta del jefe del sindicato de transportistas, Nahed Sheheiber. Este afirmó que Israel había impuesto las restricciones y describió una reunión en la que un funcionario del Ministerio de Economía de Gaza presentó el pago solicitado como una donación para los empleados públicos. Siguen en disputa las afirmaciones sobre la coacción y la responsabilidad por la paralización.
Se trata de mercancías importadas por vías comerciales. La suspensión de esas entregas no debe presentarse como prueba de que se hayan interrumpido todos los canales de ayuda humanitaria. La distinción es esencial al evaluar qué está llegando a la población de Gaza.
Cuáles son las instituciones propuestas
La Junta de Paz es el organismo internacional de supervisión presidido por el mandatario estadounidense Donald Trump. Un comunicado de la Casa Blanca del 16 de enero de 2026 le asignó la responsabilidad de supervisión estratégica y movilización de recursos en el marco del plan para Gaza respaldado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Al Comité Nacional para la Administración de Gaza, encabezado por Ali Sha'ath, se le encomendó restablecer los servicios públicos y las instituciones civiles. Mladenov fue designado para conectar al comité con la junta y coordinar las labores civiles y de seguridad.
La Fuerza Internacional de Estabilización tiene una función de seguridad diferenciada. El mismo anuncio nombró comandante al general de división Jasper Jeffers y describió responsabilidades que incluían la desmilitarización y la entrega segura de ayuda y materiales de reconstrucción. Esos nombramientos no demuestran, por sí solos, que se haya producido un despliegue.
La prueba práctica son los suministros
La última intervención de Mladenov sitúa la protección de los comerciantes junto a la protección de la ayuda humanitaria. Una administración civil operativa necesita tanto la entrada de mercancías por los cruces fronterizos como una distribución libre de coacción armada tras su llegada.
Hamás, una organización terrorista, sigue siendo un elemento central de ese desafío. Las preguntas inmediatas son si se reanudará la coordinación comercial, si continuarán los pagos en disputa y si los organismos civiles y de seguridad previstos podrán asumir las funciones asignadas. Para los comerciantes, la transición se notará en quién controla un cargamento y quién exige un pago por él.



