El PPE pide cortar los fondos europeos a redes islamistas tras el voto de la Eurocámara

El Grupo del PPE quiere impedir que el dinero europeo llegue a redes islamistas e incluir en la lista terrorista a personas y organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes cuando lo permita la ley. La resolución aprobada por la Eurocámara no impone sanciones por sí misma.
El Grupo del Partido Popular Europeo, el mayor del Parlamento Europeo, pidió el 8 de octubre de 2026 impedir que personas y organizaciones islamistas reciban fondos de la UE y reforzar los controles sobre los beneficiarios. Su comunicado precedió a una resolución aprobada ese día por 381 votos a favor, 167 en contra y 15 abstenciones, según el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos y el Congreso Judío Europeo.
Qué exige el PPE
Céline Imart, la eurodiputada que dirige el trabajo del PPE sobre este asunto, instó al Consejo a incluir en la lista terrorista a personas y organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes «cuando las normas lo permitan». Distinguió el islam como religión del islam político y presentó la propuesta como una defensa de la democracia y la libertad religiosa.
«Los fondos de la UE nunca deben llegar a personas u organizaciones vinculadas a redes islamistas», declaró Tomáš Zdechovský, portavoz del grupo para el control presupuestario. Reclamó comprobaciones previas a la concesión de subvenciones, información sobre beneficiarios y programas, y capacidad para seguir el dinero hasta su destinatario final.
El breve comunicado del PPE no identifica a ningún receptor concreto, no cifra la supuesta financiación y no anuncia una auditoría retrospectiva. Sus demandas se centran en los requisitos de acceso, la transparencia y la interrupción de pagos cuando se incumplan las normas.
Qué detectaron los auditores europeos
Un informe independiente del Tribunal de Cuentas Europeo de 2025 aporta contexto. Detectó información incompleta y poco fiable sobre la financiación europea de organizaciones no gubernamentales, además de insuficiente transparencia en determinadas actividades de presión y promoción de intereses financiadas con dinero público.
Los auditores identificaron compromisos de financiación por 7.400 millones de euros para ONG en las políticas internas de la UE entre 2021 y 2023, aunque advirtieron que el panorama general no era fiable. La cifra corresponde al conjunto de esas ayudas, no a una estimación del dinero destinado a organizaciones islamistas. También detectaron la ausencia de comprobaciones proactivas del respeto a los valores europeos por los beneficiarios.
El Ministerio del Interior francés publicó su informe sobre los Hermanos Musulmanes y el islam político el 21 de mayo de 2025, tras un encargo de abril de 2024. Austria, por su parte, incluye desde 2019 los símbolos de los Hermanos Musulmanes en su ley de prohibición de determinados símbolos. Son medidas nacionales con distintos fines, no una designación terrorista de la UE.
Apoyos y objeciones tras la votación
Los Conservadores y Reformistas Europeos celebraron la resolución el 8 de octubre. Su eurodiputado Nicolas Bay pidió examinar las conexiones entre organizaciones, su financiación y el acceso a las instituciones europeas. El grupo dijo esperar medidas de la Comisión y del Consejo en respuesta al Parlamento.
Renew Europe también respaldó la iniciativa y pidió condicionar los fondos y el acceso institucional al respeto de los derechos fundamentales. Su eurodiputada Nathalie Loiseau defendió combatir la influencia islamista y rechazó confundir islamismo e islam o fomentar el odio contra los musulmanes.
Los opositores plantearon dudas sobre las libertades civiles. Un comunicado conjunto de ONG publicado por el Foro de Organizaciones Juveniles y Estudiantiles Musulmanas Europeas, FEMYSO, el 8 de octubre sostuvo que acusaciones vagas podrían restringir la financiación y la participación democrática de la sociedad civil musulmana.
Qué cambiaría la situación jurídica
Una resolución parlamentaria no incorpora por sí misma a una organización a la lista terrorista europea. Las normas publicadas por el Consejo exigen una decisión previa de una autoridad nacional competente sobre actos terroristas, que puede referirse a una investigación, un proceso penal o una condena. Hace falta una decisión separada del Consejo para efectuar la inclusión.
Para Israel, el contexto incluye a Hamás, surgido en 1987 como rama palestina de los Hermanos Musulmanes y ya sujeto a sanciones europeas por terrorismo. El Congreso Judío Europeo destacó el énfasis de la nueva resolución en las instituciones democráticas, los controles financieros y la actuación coordinada. La siguiente cuestión práctica es qué entidades concretas pueden identificar las autoridades y contra cuáles pueden actuar conforme a las normas.



