Salah Sarsour enfrenta la expulsión tras un fallo basado en política exterior

Un juez de inmigración de Chicago aceptó los motivos de política exterior para expulsar al presidente de la mezquita de Milwaukee, pero rechazó la acusación de engaño en su solicitud de residencia. Sus abogados impugnarán el fallo.

En una decisión anunciada el 30 de septiembre de 2026, Jayme Salinardi, juez del Tribunal de Inmigración de Chicago, declaró que Salah Sarsour, presidente de la Sociedad Islámica de Milwaukee, puede ser expulsado de Estados Unidos por motivos de política exterior. Sus abogados afirman que recurrirán y solicitarán protección frente a la expulsión.

El juez rechazó la acusación del gobierno de que Sarsour mintió al solicitar la tarjeta de residencia. Urban Milwaukee informó, citando a su abogado, de que la orden señaló Israel o Jordania como destinos. Aún quedan procedimientos sobre la protección frente a la expulsión; la decisión no constituye una condena penal ni el anuncio de una deportación inmediata.

Por qué el gobierno pidió la expulsión

El Departamento de Seguridad Nacional impulsó el caso basándose en una resolución del secretario de Estado, Marco Rubio. Una resolución judicial federal del 18 de junio de 2026 reproduce el memorando de Rubio del 18 de junio de 2025, según el cual las actividades de Sarsour perjudicaban los esfuerzos estadounidenses contra el antisemitismo y el apoyo a organizaciones terroristas extranjeras.

Rubio citó el papel directivo de Sarsour en una organización que, según alegó, había participado en actividades para proporcionar fondos a Hamás, designada organización terrorista por Estados Unidos. Son acusaciones del gobierno. Sarsour niega haber cometido irregularidades y sostiene que el proceso persigue su defensa de los derechos palestinos.

La sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite la expulsión cuando el secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que la presencia o las actividades de un extranjero podrían perjudicar gravemente la política exterior estadounidense. También incorpora excepciones relativas a creencias, declaraciones y asociaciones legales.

La controversia sobre el historial en Israel

Seguridad Nacional también ha invocado las antiguas condenas de Sarsour en Israel. En su respuesta al fallo, recogida por Wisconsin Examiner, el departamento alegó que había sido condenado por lanzar cócteles molotov contra viviendas de militares israelíes y celebró que se lo declarara susceptible de expulsión.

Sus abogados rechazan esa descripción: afirman que la primera condena se refería a piedras, no a explosivos. También niegan los hechos atribuidos a Sarsour en un caso posterior relacionado con armas y aseguran que sus confesiones se obtuvieron mediante tortura. El litigio migratorio no resuelve por sí mismo esas versiones enfrentadas.

Más de tres décadas como residente

Sarsour es un dirigente comunitario palestino con tarjeta de residencia que vive en Estados Unidos desde 1993, según los documentos que presentó ante el tribunal federal. También integra la junta de American Muslims for Palestine. Esos documentos indican que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestó el 30 de marzo de 2026. El juez federal James Patrick Hanlon ordenó su liberación el 18 de junio al considerar sustancial su alegación de que la detención era una represalia por expresiones protegidas. Permanece en libertad mientras avanza el proceso migratorio.

Sarsour dijo que seguirá defendiendo su derecho a expresarse y a permanecer en el país. El 1 de octubre, el Consejo de Relaciones Estadounidenses e Islámicas pidió a los congresistas que lo apoyaran, argumentando que expulsarlo por sus declaraciones vulneraría la Constitución.

Solicitud de protección y recurso

El abogado Patrick Taurel dijo a Wisconsin Public Radio que el juez concedió 60 días para solicitar protección y que el equipo probablemente recurrirá a la Convención contra la Tortura. Para ello deberá demostrar la probabilidad de sufrir tortura en el destino propuesto.

Associated Press informó de un plazo de 30 días para presentar el aviso de apelación. Los recursos migratorios suelen dirigirse a la Junta de Apelaciones de Inmigración; Taurel señaló que posteriormente también podría intervenir el Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito. En las informaciones revisadas para este artículo no se identificó una fecha confirmada para la próxima audiencia.