El caso de la comisión de la ONU contra Israel deja sin respuesta las preguntas más difíciles

El 26 de octubre de 2026, el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OHCHR, publicó este titular: «Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el Territorio Palestino Ocupado en medio de un genocidio continuado en Gaza, concluye la comisión de investigación de la ONU».

El lenguaje es categórico. El alcance jurídico de los hallazgos es mucho más limitado. No proceden de un juicio penal. Son las conclusiones de una comisión del Consejo de Derechos Humanos cuyos métodos, mandato y tratamiento de las explicaciones alternativas merecen un examen tan riguroso como la conducta que condena.

La pregunta central es cómo pasa la comisión de documentar muerte y destrucción a concluir que Israel pretendía destruir a los palestinos como pueblo. La magnitud del sufrimiento no puede responder por sí sola.

La distancia entre una investigación y una sentencia

Los términos de referencia de la comisión establecen el umbral de «motivos razonables» para sus hallazgos. Es un criterio de investigación, muy inferior a la prueba más allá de toda duda razonable que exige una condena en la Corte Penal Internacional.

La Corte Internacional de Justicia examina la responsabilidad de los Estados dentro de un marco distinto. En los casos de genocidio ha exigido pruebas plenamente concluyentes. Cuando la intención se infiere de un patrón de conducta, la intención genocida debe ser la única inferencia razonable posible.

La comisión conoce esa diferencia. Su análisis de septiembre de 2025 sostuvo que las pruebas sobre la intención satisfacían esas formulaciones más exigentes. La controversia reside en si su razonamiento justifica la afirmación: si examinó seriamente las explicaciones alternativas y las descartó mediante pruebas.

Las entrevistas, los historiales médicos, las imágenes satelitales y el material de fuentes abiertas pueden contribuir a una investigación. Su valor depende de lo que demuestren. Un testigo puede describir con precisión una explosión sin conocer la inteligencia que motivó el ataque. Una imagen puede mostrar un edificio destruido sin revelar su uso militar ni lo que sabían los mandos de antemano.

Las pruebas deben sostener la conclusión que se extrae de ellas. La posición institucional de la comisión no puede suplir los pasos que faltan.

Un balance de muertos no reconstruye una batalla

La distinción cobra especial importancia cuando las cifras de víctimas entran en el argumento.

El Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, no separa a civiles y combatientes en los totales que publica. ACLED también señala incertidumbre sobre la responsabilidad de algunas muertes y limitaciones para verificar sobre el terreno las afirmaciones palestinas e israelíes contrapuestas acerca de las víctimas.

Esas lagunas afectan precisamente a la información necesaria para evaluar la conducta militar. Un total no establece quién combatía, quién quedó atrapado en un ataque, qué fuerza causó una muerte concreta o si el ataque infringió la ley.

Los últimos hallazgos de la comisión incluyen al menos 196 palestinos que, según los informes, murieron cerca de la línea de demarcación del alto el fuego que ha ido avanzando en Gaza. También cita 254 palestinos muertos en ataques aéreos en Judea y Samaria, conocidas internacionalmente como Cisjordania, entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2026, frente a seis entre 2008 y el 6 de octubre de 2023.

La comparación muestra una fuerte escalada. Establecer responsabilidad penal exige reconstruir los hechos que hay detrás de esas cifras.

En la Línea Amarilla, eso implica examinar las grabaciones de vigilancia, los movimientos, las amenazas percibidas y las órdenes que regulaban el uso de la fuerza. En los ataques aéreos, supone analizar objetivos, inteligencia, armas y precauciones. Repetir un balance global, por mucho que circule, no responde a esas preguntas.

Las muertes requieren escrutinio. También lo requiere la afirmación de que los números demuestran una política criminal determinada.

Hamás configuró el campo de batalla

Cualquier explicación de la intención israelí debe comenzar por el ataque que desencadenó la guerra.

El 7 de octubre de 2023, terroristas encabezados por Hamás asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251 rehenes. Entre los objetivos declarados de la campaña israelí figuraban desmantelar las capacidades militares de Hamás, recuperar a los rehenes y evitar otro ataque.

Esos objetivos ofrecen una explicación militar que debe contrastarse con la conducta investigada. Una conclusión de genocidio no puede tratarlos simplemente como irrelevantes.

Lo mismo ocurre con los métodos de Hamás. Una investigación publicada antes de esta guerra por el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN documentó su uso de escudos humanos, infraestructura militar entre civiles y ataques lanzados desde zonas residenciales o sus proximidades.

Así se crea deliberadamente un campo de batalla difícil. Los edificios civiles y la actividad militar comparten espacio, lo que pone en peligro a los civiles y complica las decisiones sobre los objetivos. Evaluar la destrucción resultante exige investigar esa actividad militar, en lugar de considerar los daños una explicación suficiente de la intención israelí.

Un elevado número de víctimas civiles no demuestra por sí solo un genocidio. El requisito jurídico es la intención específica de destruir a un grupo protegido, total o parcialmente. Una campaña contra una organización terrorista infiltrada entre la población no se convierte en ese crimen por el mero hecho de señalar sus consecuencias devastadoras.

Las declaraciones necesitan contexto. Los investigadores, también

Las declaraciones de los responsables públicos son pruebas pertinentes, especialmente cuando son temerarias o deshumanizadoras. Su significado sigue dependiendo de las palabras que las rodean, el público al que se dirigen, la autoridad del hablante y su conexión con decisiones reales.

Una declaración sobre destruir a Hamás no puede leerse sin más como una declaración sobre destruir a los palestinos. La retórica de un político y una orden militar tienen distinto peso probatorio. Cuando las palabras sí se refieren a civiles, los investigadores deben establecer qué revelan sobre la conducta alegada.

Quienes realizan esas valoraciones también tienen una trayectoria que merece examen.

UN Watch documentó el apoyo de la expresidenta de la comisión, Navi Pillay, a la petición de 2020 «¡Sancionen al Israel del apartheid!» antes de su nombramiento. Respaldar públicamente sanciones por motivos relacionados con asuntos que después se investigan plantea una seria preocupación por un posible juicio previo.

La estructura también ha recibido críticas más amplias. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido objetaron en 2025 que la comisión se hubiera establecido sin un límite temporal.

Esas preocupaciones no desaparecen porque la comisión se describa como independiente. La independencia debe verse en su forma de tratar las pruebas que le resultan incómodas.

La rendición de cuentas no puede depender de quién sea el acusado

El Ministerio de Exteriores de Israel rechazó el último informe y lo calificó de «documento de propaganda desconectado de la realidad». Su objeción central merece atención: las conclusiones de la comisión se promueven con una certeza que excede su condición jurídica.

La comisión ya ha considerado a Hamás responsable de crímenes de guerra. Ese reconocimiento no resuelve si su dirección, sus métodos y su responsabilidad reciben un escrutinio comparable cuando se extraen conclusiones más amplias sobre Israel.

Las acusaciones concretas contra personal israelí justifican investigaciones creíbles. Un proceso serio debe determinar responsabilidades mediante pruebas capaces de resistir el cuestionamiento, incluidas las que contradigan las hipótesis iniciales de los investigadores.

Las instituciones internacionales perjudican su credibilidad cuando tratan valoraciones controvertidas como conclusiones jurídicas definitivas. También distorsionan la comprensión del conflicto cuando la responsabilidad de Hamás por iniciar la guerra y configurar el campo de batalla queda relegada a una nota al pie.

Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y a exigir que las acusaciones en su contra cumplan los criterios de prueba pertinentes. Esos criterios también deben aplicarse a Hamás. Sin ese rigor, el lenguaje de la rendición de cuentas se convierte en un vehículo para promover una posición.