EEUU sanciona a la CPI como institución, con licencias temporales
Washington amplía su campaña a toda la corte, aunque las licencias del Tesoro permiten mantener determinados servicios y transacciones.
Estados Unidos sancionó el 9 de octubre de 2026 a la Corte Penal Internacional como institución, más allá de las medidas contra jueces y fiscales individuales. El secretario de Estado Marco Rubio prometió continuar la campaña para desmantelar un organismo al que acusa de amenazar la soberanía estadounidense.
La designación bloquea bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, en general, que personas estadounidenses realicen las operaciones afectadas. Sin embargo, incorpora licencias para actividades concretas: no supone el cierre inmediato de toda transacción con la corte.
Base legal y excepciones
La ficha del Departamento de Estado identifica la sección 1(a)(ii)(A) de la Orden Ejecutiva 14203 como fundamento. Donald Trump firmó esa orden el 6 de febrero de 2025. El programa del Tesoro también remite a las leyes de poderes económicos de emergencia internacional y de emergencias nacionales.
Los bienes bloqueados deben notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las restricciones abarcan la entrega y recepción de fondos, bienes y servicios relacionados con la institución, salvo las exenciones y autorizaciones aplicables.
La Licencia General 13 permite las operaciones comprendidas de mantenimiento o cierre gradual hasta las 00:01 del 7 de abril de 2027, hora de verano del este estadounidense. Incluye pagos de Estados miembros, salarios, seguros médicos, alquileres, suministros y servicios comerciales habituales. Otras licencias cubren ciertas telecomunicaciones y programas informáticos, pensiones y detenidos.
Rubio amenaza con más medidas
Rubio advirtió que Estados Unidos seguirá desmantelando la CPI «ladrillo a ladrillo» si no se resuelven sus preocupaciones. Washington rechaza la autoridad que la corte reclama sobre estadounidenses y ciudadanos de otros países ajenos al Estatuto de Roma, y cuestiona su actuación respecto a militares estadounidenses y dirigentes israelíes.
El Departamento de Estado explicó que la licencia temporal deja margen para soluciones diplomáticas y jurídicas y puede modificarse según los avances. Sus condiciones resultan decisivas para bancos y proveedores.
Rechazo judicial y respaldo israelí
La CPI condenó las medidas y aseguró que seguirá actuando con independencia, conforme al derecho y las pruebas. Su presidenta, Tomoko Akane, solicitó apoyo para el trabajo judicial y la institución pidió a sus miembros que preserven su capacidad operativa.
Netanyahu celebró la decisión de Trump y Rubio y presentó a la CPI como un organismo político que amenaza la soberanía nacional. La corte emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por presuntos delitos en Gaza, acusaciones que Israel rechaza.
Hamás condenó por separado las sanciones y pidió proteger al personal y las operaciones del tribunal. Su intervención suma otra respuesta política a una disputa centrada ahora en la continuidad y el alcance de la institución.
