Israel necesita una Constitución que asegure su futuro como Estado judío
El carácter judío y sionista de Israel necesita una protección constitucional duradera. La ciudadanía debe implicar un compromiso igualmente claro: derechos garantizados, responsabilidades definidas y lealtad al Estado cuyo futuro los ciudadanos contribuyen a decidir.
El Estado debe adoptar una Constitución completa y formal que proteja firmemente su carácter judío y sionista. Esos fundamentos deben obligar por igual a gobiernos, legisladores y jueces. Ninguna victoria electoral, acuerdo de coalición o interpretación judicial debería ofrecer un atajo para eludirlos.
Esa misma Constitución debe definir qué exige la ciudadanía. El Estado debe garantizar derechos y protección a sus ciudadanos. Estos, a cambio, deberían comprometerse a ser leales al Estado de Israel. Quien no esté dispuesto a asumir ese compromiso no debería reunir los requisitos para la ciudadanía israelí ni para votar en sus elecciones nacionales.
Estos principios están unidos. Una Constitución debe establecer tanto el carácter del Estado como las condiciones de pertenencia a él.
Completar los cimientos constitucionales
Israel ya cuenta con Leyes Básicas de rango constitucional. La Ley Básica del Estado Nación de 2018 reconoce a Israel como el Estado nación del pueblo judío. Una Constitución completa y formal integraría esos fundamentos en un marco general, con protecciones claras y normas para todos los poderes públicos.
Ese marco debería garantizar expresamente la autodeterminación nacional judía y el propósito sionista de Israel como hogar nacional del pueblo judío. También debería garantizar los derechos individuales, la libertad religiosa y la igualdad ante la ley.
Incluir estos compromisos en un mismo documento dejaría claro el pacto constitucional. Israel protegería su identidad nacional y, al mismo tiempo, definiría de forma vinculante los derechos que debe garantizar a sus ciudadanos.
Ninguno de esos compromisos debería depender de las preferencias de quienes ocupen el poder en cada momento.
Las elecciones cambian gobiernos, no la razón de ser del Estado
Los votantes deben poder sustituir a sus dirigentes, rechazar políticas y exigir otro rumbo. Esa libertad da sentido a las elecciones. De ella no se desprende que cualquier mayoría parlamentaria deba poder redefinir el carácter fundacional del país.
Una Constitución debe trazar ese límite.
La legislación ordinaria y las medidas de emergencia no deberían poder dejar sin efecto sus disposiciones esenciales. Las reformas fundamentales deberían exigir un amplio acuerdo parlamentario y la ratificación ciudadana, para que el cambio constitucional sea una decisión nacional deliberada.
Los tribunales tendrían una función esencial en el cumplimiento de ese pacto. Su autoridad debería ir acompañada de la obligación de respetar sus términos expresos. La interpretación no debe convertirse en una herramienta para eliminar protecciones que la Constitución establece de forma explícita.
Ese límite se aplicaría por igual a un gobierno que invoque un mandato electoral y a un tribunal que invoque su autoridad constitucional.
La ciudadanía debe implicar un compromiso recíproco
Los derechos necesitan instituciones capaces de defenderlos. Esas instituciones dependen de que las personas acepten obligaciones hacia la sociedad a la que sirven.
Por ello, una Constitución debería dar contenido concreto a las responsabilidades cívicas. Respetar la ley, pagar los impuestos legalmente exigibles y contribuir mediante un sistema justo de servicio militar o civil deberían formar parte del debate, con las adaptaciones adecuadas a las circunstancias individuales.
Una declaración de lealtad expresaría el compromiso que sustenta esas responsabilidades.
Quien aspire al derecho de contribuir a decidir el futuro nacional de Israel debería estar dispuesto a afirmar su lealtad a Israel. La negativa debería tener consecuencias definidas sobre el acceso a la ciudadanía y al voto en las elecciones nacionales.
Esta es una propuesta de cambio constitucional. Sus exigencias deben redactarse con transparencia y precisión, para que las personas entiendan qué se les pide aceptar y qué significaría negarse.
La lealtad a Israel permite una oposición firme
La lealtad nunca debe confundirse con la obediencia a un primer ministro.
Un ciudadano debe poder hacer campaña contra el gobierno, criticar decisiones militares, impugnar leyes y exigir la dimisión de un dirigente. Ninguna de esas acciones, por sí misma, contradice la lealtad al Estado.
El compromiso debe referirse a Israel y a su orden constitucional. No debería incluir adhesión alguna a un partido, un político o una ideología gobernante.
Esa distinción debe tener garantías efectivas. De lo contrario, el requisito de lealtad podría convertirse en un instrumento para proteger a quienes gobiernan de sus adversarios.
El mismo criterio debería aplicarse a judíos y no judíos. El origen étnico, la religión, el idioma y los antecedentes familiares no determinan si una persona acepta un compromiso cívico. Lo relevante es a qué está dispuesta a comprometerse esa persona.
Reglas claras para una aplicación justa
Una norma de ciudadanía con consecuencias tan importantes no puede depender del juicio personal de un ministro. La Constitución debería especificar la declaración, cuándo deben formularla los adultos y qué procedimientos rigen en caso de negativa.
Su aplicación a los ciudadanos actuales exigiría normas transitorias expresas que contemplen la situación de los menores, las circunstancias individuales y la apatridia. Las decisiones perjudiciales deberían requerir notificación, audiencia y un recurso ante una instancia independiente.
Estas garantías servirían al propósito central de la propuesta: establecer reglas duraderas que también deban obedecer quienes ejercen el poder.
Israel necesita un pacto constitucional lo bastante sólido para proteger sus fundamentos judíos y sionistas, y lo bastante claro para definir la ciudadanía. El Estado debe garantizar los derechos de sus ciudadanos. También debe exigir su lealtad.
